OCU EDICIONES ADMITE HABER COBRADO MÁS DE 440.000 EUROS DE OCTUPUS ENERGY, GANADORA DE SU SUBASTA, POR “GASTOS DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN”
Desde el año 2013, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), presidida por Miguel Ángel Feito y dirigida por Ester Rodríguez Uceda, promueve tarifas de electricidad y gas bajo el concepto de “compra colectiva de energía”. Estas ofertas provienen de compañías que le abonan una comisión por cada cliente captado. Aunque la organización presenta estas ofertas como una “subasta”, no se revelan las compañías que participan.
Esta práctica ha generado debate sobre la verdadera naturaleza de la OCU como organización sin ánimo de lucro. Según una investigación de El Confidencial, OCU Ediciones, la empresa que gestiona la actividad de la OCU, cobró en 2023 más de 440.000 euros de Octopus Energy, la compañía británica fundada por Greg Jackson, que resultó ganadora de la subasta de energía organizada por la OCU.
Este pago, según la información publicada, corresponde a una comisión que las empresas ganadoras deben abonar a la OCU. Hasta la fecha, se han realizado ocho subastas, y la propia OCU reconoce que la compra colectiva implica importantes gastos de gestión y promoción. Asegura que “esos gastos no deben recaer sobre los socios” y por ello establece compensaciones que debe asumir la empresa seleccionada.
El sistema de pago de la subasta se basa en un modelo inversamente proporcional a la cantidad de clientes captados. Según datos revelados por El Confidencial, el pago por cliente es:
En el pasado, esta estrategia ha permitido a pequeñas comercializadoras dar un salto significativo en el mercado español. En su momento, la victoria de Holaluz en la subasta le permitió incrementar su base de clientes de 3.000 a 30.000 en poco tiempo.
Expertos en derecho consideran que estas prácticas suponen un conflicto de interés, ya que la OCU cobra cuotas de los consumidores mientras recibe compensaciones económicas de las empresas elegidas en sus subastas. Además, señalan que la falta de transparencia impide que los consumidores conozcan los detalles del proceso.
Por otro lado, representantes de otras asociaciones de consumidores han criticado la estrategia de la OCU, asegurando que la organización usa términos ambiguos. “La OCU es muy maquiavélica jugando con los conceptos. Una ‘compensación’ oculta hasta ahora es muy similar a una comisión”, afirman.
En 2023, la asociación de consumidores Facua solicitó al Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, que tomara medidas para poner fin a estas prácticas. Facua ha denunciado durante años la publicidad comercial que realiza la OCU, asegurando que promueve productos y servicios de empresas que le pagan comisiones.
El conflicto se agrava al considerar que, según el artículo 27 del Real Decreto Ley 1/2007, las asociaciones de consumidores tienen prohibido realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios. La norma establece que las asociaciones no pueden llevar a cabo “actos, conductas o manifestaciones, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios”.
Este caso reabre la discusión sobre el papel de la OCU en la defensa de los consumidores y su modelo de financiación. Mientras la organización defiende que estas iniciativas permiten obtener tarifas más competitivas para sus socios, sus críticos insisten en que el sistema de subastas genera un vínculo económico con las empresas participantes, comprometiendo su independencia.
A pesar de la controversia, la OCU sigue apostando por este mecanismo como una fuente clave de financiación para sus actividades, asegurando su viabilidad y continuidad operativa en el corto y medio plazo.
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