Las mutualidades han sido históricamente un pilar fundamental en la protección social de los profesionales colegiados en España, según opinan algunos expertos que explican que estas entidades no sólo han proporcionado una alternativa válida y eficiente al sistema público de pensiones, sino que han jugado un papel clave en la estabilidad y bienestar de miles de profesionales a lo largo de las décadas.
Sostienen que en los más de cien años de existencia, han demostrado su capacidad de adaptación, su solidez financiera y su compromiso con la protección social. Las mutualidades no sólo son viables, sino necesarias como un complemento sólido al sistema público de previsión social, indican, y añaden que el mutualismo profesional es un claro ejemplo del éxito de la colaboración público-privada, en la que han sido pioneros y que este tipo de colaboración también ha demostrado su gran eficacia en otros ámbitos, como la sanidad o la educación.
Dicen que las mutualidades han protegido históricamente a sus mutualistas allí donde el Estado no llegaba y que son muchos años de colaboración entre el sector público y privado sin haber supuesto un peso financiero para el Estado. Una de las primeras fue Mutual Médica, creada en 1920, la de los profesionales de la Arquitectura (hna) en 1944, un año después de Gestores Administrativos y en 1948 nacen las mutualidades de la Abogacía, los Procuradores y los Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI). Ya en la década de los 50 se fundó la Mutualitat dels Enginyers (1958). Por su parte, Alter Mutua, otra mutualidad alternativa dirigida al colectivo de abogados, tomó forma de entidad de previsión social en 1941, si bien su fundamento está en la Asociación de Socorros Mutuos para los Abogados de Cataluña, creada en el siglo XIX (1840). Actualmente estas son las ocho Mutualidades de Previsión Social autorizadas por la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social como alternativa al actual Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Las mismas fuentes señalan que al operar en paralelo al sistema público, las mutualidades han contribuido a rebajar la presión sobre las finanzas del Estado y ofrecen una alternativa viable a los profesionales que representan, contribuyendo a un sistema de pensiones más equilibrado. De ahí que una amplia mayoría de profesionales sean partidarios de la alternativa al RETA que suponen las mutualidades y defienden que se mantenga la libertad de elección, según explican fuentes del sector.
Dicen que esta apuesta por la alternatividad y la libre elección de la mayoría de profesionales choca con la postura de un “grupo minoritario, integrado por abogados y procuradores” que defiende la llamada pasarela al RETA en unas condiciones “que podrían afectar negativamente a la totalidad de las mutualidades. Por el contrario, los profesionales mayoritariamente reclaman mantener la alternatividad de pertenecer a sus mutualidades y establecer los términos de una adscripción al RETA, para quien lo desee, sin que se perjudique a sus intereses”.
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